Con mirada eucarística (febrero 2021)

Artículo publicado en la revista El Granito de Arena de febrero de 2021.

Aprender a pensar, aprender a vivir

La educación cumple una doble función esencial: la construcción de la personalidad del individuo en toda su complejidad y la integración de este en la sociedad de la mejor manera posible. Esta doble funcionalidad, tanto individual como social, exige de los gobiernos que la educación, juntamente con la salud, sea una de las tareas prioritarias.

Cuando se redactó la Constitución Española del año 1978, los ponentes de la misma mantuvieron un duro debate en torno al artículo 27, que regula el tema de la educación. Tan fuerte fue la discrepancia, que estuvo a punto de llegar el desacuerdo y cerrarse la ponencia. Se impuso la cordura y apareció finalmente el consenso, donde se conjugan armónicamente el derecho y la libertad de educación. Desde entonces no ha habido jamás un acuerdo parlamentario en torno a ninguna Ley de Educación, a pesar de las ocho leyes vigentes en nuestro período democrático.

La necesidad del acuerdo
Demasiadas leyes y demasiadas diferencias. Aunque esta última, la llamada «Ley Celaá», bate todos los records, pues, al contrario de las restantes, no se ha permitido la deferencia, como más o menos hicieron las anteriores, de consultar a la sociedad civil: profesores, padres, alumnos, organizaciones educativas afectadas. Se trata de la imposición pura, como tal, sin ningún tipo de audiencia, ley por supuesto democrática, aprobada en el Parlamento, eso sí, con toda la premura y aprovechando esta situación de narcosis generalizada que vive la sociedad bajo el peso paralizante de una pandemia.

El sistema educativo de una nación, como han hecho otros países, debería hacerse a partir de un libro blanco donde se escribieran todas las opiniones de cuantos están implicados en la tarea de educar. A partir de aquí se construiría un modelo educativo duradero, que no fuera objeto de ninguna batalla partidaria, y por supuesto sujeto en el tiempo a los retoques necesarios que exigieran en su caso las posibles nuevas circunstancias.

La calidad educativa
Parece ser que las leyes educativas suelen olvidarse de lo que es más obvio: conseguir una educación de calidad. En cualquier parámetro internacional que se tenga en cuenta puede observarse que los índices de calidad educativa referidos a España ocupan los últimos lugares de la tabla; y, por si fuera poco, el abandono escolar sigue siendo uno de los más altos. La realidad nos demuestra, comparativamente hablando, que las leyes educativas españolas más bien son un fracaso.

Y la ley fracasa porque, curiosamente, no aborda como debiera las dos cuestiones primordiales: los alumnos y los profesores. Los alumnos porque son los receptores de la educación, y los profesores porque son los encargados de impartirla. Se olvida el legislador de que el centro educativo es una comunidad donde deben caminar al unísono profesores y alumnos, a quienes por cierto representan los padres en las edades en que estos no son capaces de decidir. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos y los profesores son los encargados de poner en práctica tal responsabilidad.

La ley debe tener en cuenta que cada alumno es diferente, y que la diferencia no es ni desigualdad ni discriminación, en función de la cual se construye una educación personalizada; así mismo la ley debe tener en cuenta que el maestro ejerce la función más prestigiosa y más valiosa, que es la de educar a nuestros hijos, cuyo reconocimiento nunca será suficiente. Así se construyen centros y comunidades educativas competentes. Pero esta ley, la última, tampoco va por estos derroteros.

La apertura a la libertad
Como tampoco tiene en cuenta la educación en su conjunto, desde la escuela infantil hasta la Universidad, olvidándose de la auténtica formación profesional, que tan buen resultado da en otras partes cuando se conecta con la actividad económica real. Al final la buena educación del individuo da como resultado la construcción de una mejor sociedad.

A nuestro entender este no es el propósito de la presente ley. Más allá de la utilización de la misma por cuestiones ajenas, como es la desconsideración del español como lengua vehicular, que por cierto han denunciado más de 150.000 firmantes de todas las ideologías, la Ley Celaá esconde un presupuesto doctrinario antiguo y trasnochado: la educación única, pública y laica.

La unicidad tiene que ver con el control de las conciencias, dando un paso más en el cercenamiento de la libertad para la elección del centro educativo. Las trabas a la educación concertada responden a la idea del pensamiento único, de la moral única. Cuando la Conferencia Episcopal Española se queja de los «obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas», evidentemente se está refiriendo a la limitación de la libertad educativa consagrada en el citado artículo 27 de la Constitución Española: «Se reconoce la libertad de enseñanza». Al mismo tiempo se está inoculando la idea de que lo público es superior a lo privado, a la escuela concertada, siendo así que la enseñanza concertada, además de ser más barata, es igual de pública que la escuela pública. Aunque todavía más grave es la laicidad intransigente que subyace, al intentar eliminar del sistema educativo los valores religiosos de la persona, necesarios «para que esta –sigue diciendo la Conferencia Episcopal– pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral».

Los objetivos de la presente ley son ideológicos y sectarios. La finalidad de la educación tiene que estar abierta a la libertad. Consiste, como dijo hace tiempo un eminente pedagogo, en: aprender a pensar, aprender a vivir.

Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
Publicado en Con mirada eucarística, El Granito de Arena.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *